Tengo un ritual matutino para los fines de
semana y fiestas de guardar que consiste en regalarme con tostada, café y
cigarro en la terracita del bar de José, como broche al paseo con las perras.
José es chino. Evidentemente no se llama José, pero ha adoptado ese nombre para
facilitar el trato con la clientela. Su esposa ha adoptado el de Ana y entre
los dos llevan el bar. El
establecimiento es cutre. Eso no puede negarse. Ni le dieron una mala mano de
pintura cuando lo abrieron. Pusieron una estatuilla de buda en una hornacina de
la pared y ahí acabó la reforma. Sin embargo el trato es amable y es uno de los
pocos lugares que quedan en esta ciudad donde puedes desayunar por menos de dos
euros. La clientela es variopinta y
abarca desde maris de barrio hasta toda suerte de inadaptados sociales. O sea,
que me encuentro como en casa.
Me encontraba dando cuenta de la tostada esta
mañana cuando un coche de la Policía Nacional se detuvo frente al bar y bajaron
dos agentes, hombre y mujer. Fueron hacia Ana (José no estaba en ese momento) y
el agente varón le habló en estos términos, usando un tono que sólo puedo
calificar de desagradable:
-Nos han llamado diciendo que su hijo se
encontraba solo y bastante lejos de
aquí, sin nadie que le acompañase. Si esto se repite volveré y me la llevaré
detenida por abandono de un menor.
Ana se deshacía en excusas en su muy limitado
castellano, mientras la agente femenina iniciaba una explicación en tono entre
didáctico y severo, sobre los peligros de dejar solo a un niño, explicación de
la que Ana no estaba entendiendo nada, estoy seguro. Se fueron lanzando
comentarios en voz alta sobre la irresponsabilidad de los padres y cómo se
quejan después si hay consecuencias.
El hijo de Ana y José es un pilluelo de siete
u ocho años, un auténtico trasto, lo tienen en el bar y a veces se les
despista. No digo que esté bien, no intento justificarlo; sin embargo, la
actuación de los agentes me dejó muy mal sabor de boca. ¿Era necesario usar ese
tono? ¿Era necesario amenazar con la detención? Estas son las preguntas obvias;
pero, por otra parte, una pregunta menos obvia y bastante incómoda asomó
por un rinconcillo de mi inquieta mente: ¿se habría conducido el agente de la
misma manera con una española de raza blanca?
Los uniformes militares y policiales me gustan
en las estampas antiguas y en las vitrinas de los museos, como parte de la
historia. Enfundando a una persona viva y cerca de mi persona me ponen bastante
nervioso. No me pregunten por qué, porque no lo sé. Soy consciente de mi deber
ciudadano de llamar a las autoridades si tengo constancia de la comisión de un
delito y lo he hecho en alguna ocasión, pero eso es harina de otro costal. Mi ocasional desconfianza hacia agentes de seguridad y militares es visceral, irracional.
Individualmente y de paisano puedo tratar con ellos como las personas que son, pero de servicio se convierten en parte de un
aparato cuya legitimidad considero teórica, pero que en la práctica presenta
taras… y no precisamente pocas. Evidentemente no hemos de considerar a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como entidades independientes, sino
como brazos armados del Estado y en este sentido son tan buenos o tan malos
como el Estado.
Les dejo el enlace del apartado referente a
España del informe de 2015/2016 de Amanistía Internacional. En el mismo
destacan los siguientes puntos:
·
Modificaciones
legislativas que restringen la libertad de reunión.
·
Informes
de malos tratos en centros de detención e ineficacia en la investigación de
tales hechos.
· Ineficacia en los procesos judiciales contra
agentes encausados por lesiones en la represión de protestas ciudadanas.
·
Expulsiones
sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla. Se modifica la Ley de Extranjería
para legalizarlas.
·
Ampliación
de la definición de los actos de terrorismo en el Código Penal. La ONU advierte
de que esta ampliación penaliza como terrorismo actos que no lo son, con el
riesgo de vulnerar la libertad de expresión.
·
Las definiciones de desaparición forzada y
tortura, en la legislación española siguen sin ajustarse al derecho
internacional.
·
La ONU instó a España a cumplir su obligación
de extraditar o juzgar a las personas responsables de violaciones graves de los
derechos humanos.
Tenemos pues un país donde se está limitando
la libertad de expresión, reunión y pataleo en aras de la “seguridad”, donde
existe una elevada impunidad ante los abusos de autoridad y donde los derechos
humanos pueden mermar sensiblemente en cuanto uno entra por las puertas de una
comisaría o un centro de detención. No es que estemos en un estado policial,
pero vivimos en una situación que permite casos delirantes. Por ejemplo: en
2015 Antonio Molina, jubilado de 67 años, aquejado de una cardiopatía, operado
de un pulmón y con disnea (vamos, que se queda sin aire) a esfuerzos mínimos
fue condenado a pagar 350 euros a tres agentes de policía a seis meses de
prisión por un delito de atentado contra la autoridad. Molina afirmaba haber
sido golpeado por los agentes en la calle y en la comisaría. El informe
pericial le daba la razón, pero el juez dio la razón a los agentes.
En los últimos diez años la Coordinadora para
la Prevención de la Tortura ha recopilado 6621 denuncias por malos tratos o
torturas policiales, de las cuales se han materializado en penas 752, las más
por faltas, no por delitos. Me da que pensar, que cada uno saque sus
conclusiones, pero a mí me parece una vergüenza en un estado de derecho.
No voy a negar la importancia de la labor de
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, pero me veo en la obligación de
recordar que su misión, según la Constitución, es “proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Los policías y guardias civiles son seres humanos y
su labor es peligrosa y estresante, pero han de ser profesionales. Son
autoridad y la autoridad ha de ser ejercida con responsabilidad y coherencia.
Lo que hoy he visto es un acto pequeño, casi irrelevante, pero me ha hecho
sentir indignación y vergüenza ajena. Esto no es el salvaje oeste, donde los
agentes de la ley eran pistoleros con una placa, apenas diferentes de los
forajidos a los que perseguían en métodos y catadura moral. Hoy día un agente
de la ley ha de guiarse por códigos muy estrictos y no sólo por los que
impongan las leyes, sino por los propios valores. Quizá cualquiera que pase
unas oposiciones o incluso pruebas psicológicas no esté capacitado para función
tan importante. Lo que hoy he visto ha sido gratuito, vejatorio y me atrevería
a afirmar que racista.
Una placa no da derecho a actuar así.
