Esta semana acompañé a una persona muy
querida, aquejada de una enfermedad crónica, al hospital a su enésima consulta
externa y por fin pudo llevarse la alegría de
entrar en los criterios de inclusión en un nuevo programa de tratamiento
con un fármaco que asegura la curación total en un 99% de casos, con mínimos
efectos secundarios. Tres meses con una pastillita diaria con un coste para la
Administración de 10.000 euros. De este modo, el Estado se pone al lado del
ciudadano asumiendo el precio desmedido, obsceno, grotesco e inmoral que impone
una empresa farmacéutica a la salud de las personas, porque si un tratamiento
cura a alguien hay que ponerlo a precio de oro. Los tratamientos asequibles son
los que duran toda la vida.
El Estado del Bienestar ha hecho su trabajo,
esta vez, no sabemos hasta cuándo podrá hacerlo, porque nuestra clase política
se está encargado progresiva y metódicamente de desmantelarlo. Es de todos
sabido: recortes en educación, recortes en la sanidad, sablazos continuos al
fondo de reserva de las pensiones… mientras se gastan sin empacho alguno
800.000 euros en un anacrónico desfile de las Fuerzas Armadas, se dan por
perdidos millones de euros en ayudas a la banca que no se recuperarán y se
pagan sueldos y dietas de escándalo a politicastros y asesores diversos que no
necesitamos. Los cargos de responsabilidad en las instituciones están ocupados
las más veces por personas incompetentes sin la formación necesaria para
atender el área que les ha sido encomendada, personas que no han trabajado de
verdad en su vida y que se hallan absolutamente desconectadas de la realidad
social.
Una constante en este país es que las
decisiones en los niveles altos de la Administración Pública se toman por
razones políticas o económicas (es decir, de sablear al ciudadano para
beneficiar al amigo-cuñado-tío-primo-querida-o-lo-que-sea
de turno) y no por criterios técnicos o profesionales, ello es debido a que
esos niveles altos de la administración están ocupados por políticos, no por
expertos en economía, sanidad, educación, seguridad… y esos políticos no tienen vocación
alguna por el servicio público y si
alguna vez la tuvieron se les fue de una ostia en el primer encontronazo con la
pútrida realidad de las estructuras de gobierno.
José Múgica,
que fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 y que pese a ello
sigue viviendo en su pequeña casa y conduciendo un viejo Volkswagen Escarabajo,
(bendita excepción a la regla) vino a decir en una ocasión que a la gente que
le guste el dinero se dedique a ganarlo en la industria o en el comercio, que
no es pecado, pero que no se meta en política, que la política es para servir a
la gente.
Los políticos españoles han olvidado este
sencillo concepto, si es que alguna vez lo supieron y aunque un político no se
haya enriquecido tras su paso por las estructuras de gobierno (ya sean
municipales, provinciales, autonómicas o nacionales) ha quedado “manchado”…
inutilizado para la vida fuera de la política. Si tienen la ocasión de ver a un
ex político que se integra en una organización cualquiera, podrán ver que tome
la decisión que tome no será fruto de criterios profesionales, pero que se las
apañará por aparentar que es así. Porque si a algo se aprende en política es a
mentir y a manipular.
No se fíen de nadie que haya andado enfangado
en política. Es algo así como ser sacerdote católico: imprime carácter y no se
deja de serlo aunque te salgas.
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