Una respetable señora a la que tengo el gusto
de conocer (profesora de universidad con una profunda conciencia social, por más
señas) escribía el otro día en Facebook sobre el desconcierto que le causa el
anteproyecto de ley sobre seguridad ciudadana y la posibilidad de que en el
futuro cercano pueda estar empujando a sus alumnos a caer en la ilegalidad si
les anima a asumir un compromiso social. Uno de sus amigos en la vasta red
social, abogado joven, atractivo y a todas luces bien situado, se apresuró a
indicarle que la participación activa en la sociedad nunca será delito, que
conviene informarse bien sobre las cosas antes de opinar sobre ellas, que la
rebeldía y el inconformismo son positivos pero el ser molesto igual no lo es y
que la interpretación de las leyes compete al poder judicial y que si no
confiamos en los poderes democráticos mejor nos vamos del país o hacemos uno
nuevo, entre otras cosas.
Meditabundo me dejaron las palabras de este
buen señor. Así que lo primero que intenté fue buscar por Internet el borrador
de dicho anteproyecto de ley, sin éxito, ni siquiera en la web del congreso de
los imputados o en la del ministerio del
interior (desde aquí pido a quien pueda facilitarme esta tarea, que tenga la bondad
de hacerlo). Contrariado tuve que conformarme con las versiones, más o menos
deformadas, que dan los diferentes medios de comunicación. Para no extenderme
demasiado, expondré que parece ser que nuestro gobierno pretende sancionar
hasta con 600 000 euros de multa la convocatoria o asistencia a concentraciones
no autorizadas ante las instituciones del Estado (como las recientes protestas ante
el congreso brutalmente reprimidas por la policía) o dar a las fuerzas de seguridad
potestad para crear “zonas de seguridad” que permitan evitar los escraches (para
mi defensa a esta práctica de protesta remito a la siguiente entrada de este
mismo blog). Voy a centrarme en estos dos puntos que, aunque presentados entre
muchos más, constituyen en sí mismos desde mi punto de vista una sobreprotección
ilegítima a la clase política, ya bastante endiosada y alejada de la realidad
social en este país.
En la antigua Roma, en la época republicana,
la práctica del escrache (aunque entonces no se llamaba así, sino occentatio estaba totalmente
normalizada, los cargos públicos salían a la calle protegidos por grupos de
lictores, una especie de guardaespaldas, que le cruzaban la cara a cualquiera
que osara acercarse más de la cuenta, pero no podían hacer nada para evitar que
la plebe se ensañara verbalmente con el politicastro en cuestión, aunque fuese
a un tiro de piedra del senado o de su propia casa. Era el único recurso que le
quedaba al pueblo agraviado: patalear. Es el único recurso que le queda al
pueblo agraviado por promesas electorales incumplidas, servicios públicos
recortados, banqueros trápalas que viven como sátrapas a costa del ciudadano y
con la connivencia del político, que también vive como un sátrapa y que ahora
ni siquiera va a tener que oír los gritos de los agraviados porque la policía
los obligará a estar a trescientos metros de su casa o la autoridad competente
prohibirá toda concentración que pueda importunar en lo más mínimo a sus señorías.
El pueblo podrá patalear, sí, pero donde no moleste.
Señor abogado joven, atractivo y a todas luces
bien situado, su discurso moderado le hace el juego a una clase política que
nos maltrata y a la que nuestros sufrimientos le traen sin cuidado. Recortar el
derecho al pataleo del pueblo es una medida autoritarista revestida de un
barniz pseudo democrático. El colmo de la hipocresía lo encontramos también
cuando en dicho anteproyecto de ley se tipifica como infracción grave a quien
se oculte el rostro en una manifestación mientras los antidisturbios aporrean a
los manifestantes pacíficos con la cara cubierta y la identificación metida en
el bolsillo.
El mensaje tácito de la clase política hacia
el ciudadano es que ellos no son iguales que nosotros. Se rigen por otras
normas y viven en un mundo distinto que ahora será un poquito más de color de
rosa si esta ley prospera y ni siguiera han de soportar los gritos de los que
protestan. Si el activismo social se queda dentro de los límites que convengan
a los políticos ¿qué efectividad tendrá? Hay que ser molesto para el gobernante
inoperante, para el corrupto, para el bienintencionado hipócrita… Señor abogado
joven, atractivo y a todas luces bien situado: usted y los que son como usted
promueven con su moderación y su lenguaje políticamente correcto que los que
abusan del pueblo lo hagan con impunidad, sobre todo en un país en el que el
órgano supremo de gobierno de los jueces está vendido al poder político y éste
al poder económico. El lado del que usted está, señor, ha quedado muy claro,
aunque usted mismo aún no lo sepa o no tenga las narices de aceptarlo.
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